La SIP exhorta al gobierno boliviano evitar “campañas de descrédito” contra periodistas

 


La Sociedad Interamericana de la Prensa (SIP), en su reunión de medio año realizado desde el 20 hasta el 23 de abril, exhortó al gobierno de Luis Arce Catacora a la protección del trabajo de los periodistas y que contribuya para evitar «campañas de descrédito» contra los trabajadores de la información.

«Exhortar al gobierno a la preservación y defensa de los principios constitucionales que protegen el trabajo de periodistas, editores y directores de medios de información, y pide contribuir a evitar campañas de descrédito y estigmatización del trabajo informativo» señala una de las resoluciones del encuentro.

Periodistas independientes en Bolivia son víctimas de una campaña de desprestigio en las redes sociales impulsada desde cuentas falsas y funcionales al gobierno de Arce Catacora en el intento de instalar la narrativa de que en octubre y noviembre de 2019 hubo un «golpe de Estado» que derrocó al entonces presidente Evo Morales. No obstante, la relación de hechos da cuenta de que el Mandatario de entonces renunció a su cargo presionado por movilizaciones ciudadanas en contra del fraude electoral que lo favoreció en las elecciones del 20 de octubre.

Los ataques no sólo quedan ahí sino también son replicadas por medios del Estado y autoridades leales a Morales, quien aún tiene un fuerte peso en el gobierno de Arce.

Sobre el tema, la SIP considera que «la campaña gubernamental para demostrar que la renuncia del expresidente Evo Morales se debió a un golpe de Estado, ha incrementado la violencia contra periodistas» y que «los ataques contra periodistas provienen desde medios del Estado y personas afines al gobierno, a través de cuentas anónimas en redes sociales».

Recientemente, periodistas de varios medios de comunicación fueron víctimas de violencia durante coberturas como del conflicto entre los productores de coca, asociados a Adepcoca, y los productores del arbusto afines al partido de gobierno. Ante estas acciones hubo una acción pasiva de autoridades como la Defensoría del Pueblo y el Ministerio Público.

Fuente: El Deber

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