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| Foto_AP |
La Comisión Interamericana de
Derechos Humanos reportó el miércoles en un informe que el Ejército y la
policía peruana habrían cometido masacres, ejecuciones extrajudiciales, graves
violaciones de los derechos humanos, así como un uso desproporcionado y letal
de la fuerza durante las protestas que exigían la renuncia de la presidenta
Dina Boluarte y de los miembros del Congreso.
Boluarte rechazó más tarde en
una conferencia de prensa la “supuesta existencia de ejecuciones
extrajudiciales y la calificación de masacres, aun cuando se mencione de manera
condicional”.
El informe de la CIDH señaló
que estas violaciones ocurrieron en varias zonas de Perú, pero enfocó su
investigación en las ciudades de Ayacucho y Juliaca, donde se produjeron la
mayor cantidad de muertos durante las manifestaciones ocurridas entre diciembre
y febrero.
Aseveró que el 15 de diciembre
en Ayacucho al ser “perpetradas por agentes del Estado, las muertes podrían
constituir ejecuciones extrajudiciales. Además, al tratarse de múltiples
privaciones del derecho a la vida, dadas las circunstancias de modo, tiempo y
lugar, podrían calificarse como una masacre”.
AP
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