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Vista general del pleno del Parlamento Europeo en Estrasburgo (Francia). EFE/Patrick Seeger/Archivo
Entre las diferentes instituciones y fuentes consultadas bailan las cifras y estimaciones, desde los costes ya conocidos que suponen ahora la interpretación y traducción de las 24 lenguas oficiales hasta las nuevas cargas presupuestarias que podría conllevar sumar tres nuevos idiomas oficiales al corpus europeo.
Ningún estudio al respecto por
ahora
Una alta fuente de la Comisión
Europea ha confirmado a EFE que la institución “no ha hecho ningún estudio de
impacto presupuestario” de la petición española de oficializar catalán, euskera
y gallego, por lo que advierte de que “las cifras que circulan no son fiables”.
Añadir estas tres lenguas a la
lista de las oficiales en la Unión Europea supondría, además de incorporar sus
cabinas de interpretación simultánea en muchas reuniones, traducir a ellas todo
el acervo comunitario existente en forma de reglamentos, directivas, acuerdos y
normas, una tarea mastodóntica que no se podría concluir de la noche a la mañana.
Los principales documentos
comunitarios disponibles ya en estos tres idiomas son, de hecho, los tratados
de funcionamiento de la Unión Europea, que España ha podido traducir por cuenta
propia en virtud de un artículo del Tratado de Lisboa que permite a cada Estado
miembro proveer una copia certificada de estos textos en los idiomas que no
sean oficiales en la UE pero sí en al menos una parte de su territorio, al
igual que hizo Países Bajos con el frisio.
Presupuesto europeo para
traducción e interpretación
En términos generales, un
portavoz de la Comisión Europea estima que el monto en el presupuesto europeo
destinado a traducción e interpretación equivale a aproximadamente un 6 % de
las cuentas totales.
Los costes de la dirección
general de Interpretación (SCIC, por sus siglas en inglés), con 483 intérpretes
funcionarios y 970 autónomos, llegaron a unos 122 millones de euros en 2022 en
concepto de la interpretación en la Comisión Europea, el Consejo Europeo, el
Consejo de la UE, el Comité de las Regiones, el Comité Económico y Social, el
Banco Europeo de Inversiones y otras agencias comunitarias.
Por su parte, los servicios de
traducción de la dirección general con el mismo nombre -con unos 2.000 miembros
de personal de los cuáles un 70 % son traductores- costaron en 2022 unos 255
millones de euros, cifra que incluye salarios, formaciones, infraestructura
informática, eventos o la disponibilidad absoluta de estos profesionales.
“Sólo tenemos una cifra general
y no el coste por lengua. Los costes dependen de muchos factores individuales e
involucran personal, pero también procedimientos de licitación, recursos
lingüísticos como bases de datos de términos, datos para alimentar a las
herramientas de traducción asistidas por ordenador y la traducción automática”,
explicó la portavoz.
Difícil calcular el coste
Una fuente parlamentaria
coincide en la dificultad de calcular un coste preciso para cada lengua, ya que
los traductores no sólo se encargan de traducir y su “precio” depende de muchos
factores. “Cada institución europea tiene su dirección de traducción y el coste
de introducir el catalán, euskera y gallego no será el mismo para cada una de
ellas”, añade.
En el día a día, esta fuente
prevé un gasto mayor en el Parlamento Europeo por toda la actividad legislativa
y de conferencias multilingüísticas que se celebran, mientras que en el Consejo
lo podrán usar más esporádicamente ministros o consejeros autonómicos. Más
costoso sería, por contra, traducir a los tres idiomas toda la legislación
comunitaria.
Por otro lado, en el Consejo y
el Comité de las Regiones funcionan desde hace casi dos décadas acuerdos
bilaterales con España; en el caso del Comité de las Regiones, en este texto se
detalla que si un participante en una de sus reuniones desea hablar en las
lenguas cooficiales debe avisar a la institución “como mínimo siete semanas antes
del pleno de que se trate”.
En ese caso, y salvo en la
excepción de que se deniegue por falta de “medios personales o materiales”, se
interpretaría la lengua en cuestión al resto de idiomas oficiales de la UE pero
no a la inversa, lo que se conoce como interpretación pasiva.
El Comité de las Regiones pasa
semestralmente a España la factura con los costes “directos e indirectos” de
esta interpretación, que el Gobierno debe abonar en el plazo de un mes.
EFE
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