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| Foto: ABI |
Durante la conmemoración de
los 16 años del Estado Plurinacional de Bolivia, el presidente Luis Arce
propuso este miércoles cinco líneas generales para consolidar un Pasto Social
de cara a la celebración del Bicentenario de la Patria: justicia, política,
economía, resguardo de la democracia y medio ambiente.
Este Pacto Social, definido
como un gran acuerdo social transversal con el fin de promover la unidad y paz
social, ya fue propuesto por el presidente el 18 de enero, durante el acto con
motivo de los 200 días rumbo al Bicentenario, desde el balcón del Palacio
Quemado.
Al ratificar la plena
predisposición del Gobierno de facilitar espacios de concertación, diálogo y
consenso entre actores políticos y sociales, Arce advirtió que este 2025 “habrá
conflictos en medio de un clima electoralizado”, sin embargo consideró que
éstos no deben poner “en riesgo la democracia, la economía nacional y popular,
y la tranquilidad del pueblo”.
Las bolivianas y bolivianos
elegimos la democracia como el camino para resolver nuestras diferencias y no
debe forzarse otra vía inconstitucional”, afirmó y planteó las cinco líneas
generales del Pacto Social.
En el eje de justicia, afirmó
que se debe acordar la ruta para completar la elección de magistrados – dos del
Tribunal Supremo de Justicia y cinco del Tribunal Constitucional – de Pando,
Beni, Santa Cruz, Cochabamba y Tarija, tarea que está a cargo de la Asamblea
Legislativa Plurinacional y del Tribunal Supremo Electoral.
En el área económica, propuso
avanzar, acelerar y consolidar la industrialización con sustitución de
importaciones, especialmente, de los recursos naturales.
En esa línea, solicitó a la
Asamblea Legislativa Plurinacional la aprobación de los contratos firmados con
Uranium One Group (Rusia) y CBC (China) para industrializar el litio.
De acuerdo con YLB, las
plantas industriales serán emplazadas al sur del Salar de Uyuni (Potosí) y
utilizarán el método de Extracción Directa de Litio (EDL), tecnología avanzada
para acelerar la producción y optimizar el uso de materia prima, energía y el
consumo del agua.
Con el contrato de asociación
accidental entre YLB y la firma rusa Uranium One Group, Joint-Stock Company
Sucursal Bolivia, se prevé implementar una planta industrial para la producción
de 14.000 toneladas métricas por año (tm/a) de carbonato de litio, en tres
fases, con una inversión de más de $us 975 millones.
Mientras que con el contrato
de servicios con el consorcio chino CBC, YLB prevé implementar dos plantas
industriales, cada una en dos fases, una con capacidad de 25.000 tm/a y otra de
10.000 tm/a, con una inversión de $us 1.030 millones.
“No podemos retrasar más
tiempo la oportunidad histórica de insertarnos en el mercado mundial con este
recurso: en sus distintas etapas de explotación e industrialización”, sostuvo.
En cuanto al incremento de
precios de algunos productos de consumo masivo, indicó que la presión
inflacionaria se concentra en los precios de productos importados y algunos de
producción nacional donde se ha evidenciado agio, ocultamiento y especulación que
dañan la economía popular.
“El Gobierno nacional para
defender el bolsillo de los bolivianos ha elaborado normas legales que no
buscan castigar al buen empresario, al buen industrial, al buen productor, al
buen comerciante; no busca confiscar la mercadería de los hermanos gremiales,
sino, por el contrario, utilizar esta norma contra aquellos que cometan el
delito de agio y especulación y afecten el bolsillo de las bolivianas y
bolivianos”, explicó al aludir a la disposición séptima de la ley Financial.
Esa disposición “faculta a las
entidades competentes, activar acciones de control, fiscalización, confiscación
y/o decomiso de productos, a los actores de comercialización de alimentos, que
almacenen o retengan y/o pretendan encarecer los precios de los mismos”.
Ante las amenazas de
movilizaciones en contra de esta normativa, Arce enfatizó que la “vía del
diálogo es el camino para resolver cualquier conflicto y no así medidas de
hecho que dañan la economía nacional”.
Sobre el eje político, el
presidente alertó que este año será particularmente complejo, ya que a la par
del festejo por el Bicentenario puede profundizarse la polarización a causa de
la agenda política electoral.
Reprochó que desde la Asamblea
Legislativa se tenga paralizados más de $us 1.600 millones de financiamiento
externo, “saboteando no a la gestión de Gobierno, sino a la economía de las
familias bolivianas”.
“No puede ser, porque no es
sano para ningún país, que de un gobierno a otro, más allá de cualquier color e
ideología, busquemos comenzar de cero una y otra vez. Requerimos políticas de
Estado, planes de largo aliento, que estén más allá del actuar circunstancial o
transitorio de un dirigente o partido o movimiento”, reflexionó.
Como un aspecto clave del
Pacto Social definió el resguardo de la democracia. Señaló que debe ser el
compromiso de todos los actores velar por “elecciones generales limpias y
transparentes y mantener el sistema democrático a toda costa” de cara a los
comicios previstos para agosto de este año.
En tanto, sobre el eje del
medio ambiente, el presidente recordó que cada año el país enfrenta desastres
naturales como incendios, inundaciones, sequías y otros, producto de la crisis
climática.
Indicó que se “equivoca el que
crea que gana algo con un desastre, con la tragedia humana y ambiental, si
calcula que las consecuencias de dicho desastre tienen un costo para el
Gobierno” pues dijo que “todos sufrimos esos daños, que en algunos casos son
irreversibles”.
ABI
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